La fuga de Bolsonaro: Milei, Trump y los servicios de inteligencia al servicio de la ultraderecha

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, tres días después de perder el balotaje frente a Lula da Silva, abre una pregunta sobre las alianzas de las ultraderechas: ¿pueden sus relaciones políticas convertirse en cooperación estatal para eludir decisiones judiciales? El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tenía prohibido abandonar Brasil por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), en una investigación por presunto lavado de dinero. El 26 de octubre fue notificado de la orden de entregar sus pasaportes brasileños, ordinario y diplomático, y cualquier documento extranjero, incluido el italiano. Bolsonaro no entregó ninguno. Sus pasaportes brasileños fueron cancelados.

La noche del 27 de octubre, Flávio cruzó con su esposa Fernanda y sus hijas Carolina y Luiza el puente Tancredo Neves, entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina) en la Provincia Misiones en el norte del país. Migraciones registró su entrada a las 22.50. Poco después abordaron un avión Gulfstream G400 de Baires Fly, matrícula LV-JQW, que esperaba desde la noche anterior. A las 0.21 partió hacia Miami, con escala en Guayaquil, Ecuador. No hay evidencia pública de intervención del gobierno ecuatoriano en la autorización del vuelo o en la operación en general.

El manifiesto de pasajeros difundido por el periódico argentino La Nación identifica a Flávio con pasaporte italiano; Folha de S.Paulo señala que también lo presentó al entrar en Argentina, mientras su familia usó pasaportes brasileños. La segunda nacionalidad no anulaba la prohibición judicial de salida. Según el mismo periódico brasileño, Bolsonaro ingresó en Estados Unidos presentando su pasaporte diplomático brasileño, ya cancelado por la Policía Federal. Buenos Aires replica que no había orden de captura internacional ni alerta roja de Interpol.

Santiago Caputo: el poder informal en el terreno

El hombre clave en el epicentro de la operación es Santiago Caputo, estratega de Javier Milei, asesor presidencial sin rango ministerial y figura de influencia política sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), órgano que coordinaba a los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas, durante la última dictadura participó también en secuestros y desapariciones de personas. Un acta de la policía de la Provincia de Misiones lo ubica a Santiago Caputo a las 2.50 de aquella madrugada en Capioví, sobre la ruta 12, dentro de una Toyota Hiace de la Entidad Binacional Yacyretá, responsable para la construcción y el funcionamiento de la mega hidroeléctrica Yacyretá en el Río Paraná. La presencia en la Provincia de Misiones está documentada, pero no prueba por sí sola que Caputo dirigiera la fuga.

Raúl Kollmann informó en Página/12, que un agente de la SIDE anteriormente vinculado a la embajada estadounidense habría coordinado con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la custodia brasileña y contactos norteamericanos. Son afirmaciones pendientes de corroboración judicial.

Washington: entre asistencia política y operación estatal

Washington fue el destino y, según investigaciones estadounidenses, hubo facilitadores políticos: Jason Miller, operador próximo a Donald Trump, participó en gestiones del vuelo; Trump autorizó la entrada de la familia por razones humanitarias. El secretario de Estado Marco Rubio negó una participación operativa directa. Página/12 afirma que Trump pidió asistencia a Milei, pero no existe confirmación pública independiente de una solicitud presidencial directa.

El episodio adquiere otra dimensión por la transformación de la SIDE, que fue disuelta en 2015 durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Milei la restableció en 2024, amplió sus atribuciones mediante el DNU 941/2025 y reforzó su presupuesto en 2026 con casi 80.000 millones de pesos adicionales, incluyendo partidas reservadas de destino no público. El organismo argentino de derechos humanos CELS ha advertido sobre riesgos de espionaje interno y debilitamiento de controles. Queda por investigar si se utilizaron fondos reservados para financiar el vuelo u otras actividades vinculadas con la huida de Flavio Bolsonaro a EEUU.

El Plan Guaçurarí: la contradicción fronteriza

En mayo de 2025, Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, lanzó el "Plan Guaçurarí", aprobado mediante la Resolución 626/2025, para enfrentar el crimen organizado transnacional mediante cooperación policial y migratoria, incluso con Brasil. Integra a Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y PSA, con participación de Migraciones y Aduana. Su principal área de operaciones es Bernardo de Irigoyen, no Puerto Iguazú, y no hay pruebas de que sus efectivos actuaran en este traslado.

Pero, como señaló Luciana Bertoia en Página/12, cabe preguntar por qué los mecanismos de cooperación fronteriza no permitieron advertir o esclarecer el cruce de un dirigente investigado por la justicia brasileña.

La SIDE bajo investigación parlamentaria y judicial

Los diputados Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez pidieron a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que cite a Cristian Auguadra, jefe de la SIDE, para esclarecer eventuales contactos con agencias extranjeras.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, por impulso de la fiscal Paloma Ochoa, ordenó medidas preliminares para preservar imágenes del paso fronterizo y del aeropuerto y solicitar informes a distintos organismos. En Misiones, el fiscal Fabián Martínez desestimó las denuncias sobre irregularidades migratorias y remitió los posibles delitos vinculados con la intervención estatal a los tribunales de Buenos Aires. La oposición también solicitó interpelaciones ministeriales.

Diego Santilli, jefe de Gabinete de Milei y exdirigente del partido neoliberal Propuesta Republicana (PRO) de Mauricio Macri, defendió la legalidad del tránsito. Brasil convocó a la encargada de negocios argentina, María Emilia Cortés, aunque evitó elevar públicamente el conflicto; el canciller argentino Pablo Quirno negó un pedido formal de explicaciones.

La internacional de las ultraderechas: ¿una red de protección mutua?

La cuestión no es si Argentina podía detener sin más a Bolsonaro, sino si funcionarios y organismos públicos facilitaron deliberadamente el incumplimiento de una decisión judicial brasileña. La investigación deberá establecer las responsabilidades y los límites de la legalidad.

El episodio permite formular una hipótesis política de mayor alcance: las redes internacionales que las ultraderechas construyeron durante años para disputar elecciones, movilizar apoyos, influir en la opinión pública y confrontar con las instituciones democráticas pueden funcionar también como mecanismos de protección mutua frente a la justicia. Las conexiones personales, los operadores políticos y los canales de coordinación internacional adquieren otra dimensión cuando sus integrantes acceden al poder estatal, a los servicios de inteligencia y a recursos públicos.

La fuga de Bolsonaro plantea así una pregunta que trasciende las fronteras de Brasil y Argentina: ¿hasta qué punto estas alianzas políticas transnacionales pueden convertirse en estructuras de asistencia entre gobiernos de la ultraderecha, incluso cuando entran en conflicto con las obligaciones legales y los controles democráticos?

Redacción: Ute Löhning